La cultura no es mercancía: el fallo que sacudió a México y lo que significa para los pueblos originarios que lo habitan

Por Consejo Editorial - CONSEJO DEL PATRIMONIO CULTURAL ORIGINARIO - 7 de mayo de  2026

El 26 de marzo de 2026, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que resonó como un trueno en los salones del poder corporativo mexicano. Por siete votos contra dos, las y los ministros revocaron la suspensión definitiva que permitía a Grupo Xcaret continuar usando elementos del patrimonio cultural maya —rituales, iconografía, danzas sagradas, peregrinaciones— como atractivos turísticos, como escenografía, como mercancía.

No es un fallo menor. Y aunque no podemos pasar por alto que el mismo Estado mexicano hace uso de los elementos culturales de los pueblos originarios, era necesario decirle, por fin, a las élites empresariales que se han enriquecido durante décadas con la cultura de los pueblos originarios: “hasta aquí”.

El argumento que cambió todo: la consulta previa, libre e informada

La ministra ponente María Estela Ríos González dejó en claro el argumento central: incluso si Xcaret contaba con un contrato firmado con el Gran Consejo Maya, ese contrato no representa a las más de mil comunidades que conforman el pueblo maya en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Cualquier acuerdo sobre patrimonio cultural colectivo debe someterse a un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades involucradas. 

La ministra Lenia Batres fue aún más contundente al nombrar lo innombrable: esto no es un conflicto de derechos de autor. Es discriminación. Es despojo. Es el mismo mecanismo colonial que arrebató territorios, bosques y agua a los pueblos originarios, ahora aplicado a su identidad, su cosmovisión, su memoria y sus cantos.

El espejo de Nayarit: lo que vemos en este fallo cuando miramos hacia nuestros territorios

Como Consejo del Patrimonio Cultural Originario celebramos el fallo contra Xcaret. Lo celebramos con toda la convicción de quienes trabajamos desde hace tiempo en la defensa cultural. Pero nos negamos a que esa celebración sea una distracción cómoda que nos haga olvidar lo que sucede aquí mismo, en el territorio ancestral que habitan los pueblos Wixárika, Na’ayeri, O’dam y Meshikan.

Lo que Xcaret hizo con la cultura maya no es la excepción. Es el modelo. Y ese modelo opera en cada destino turístico que pone la imagen del pueblo Wixárika en sus folletos —pasando por Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit—, en cada artesanía creada para el intermediario a precios injustos, sin beneficio para las comunidades de la sierra de Jalisco, Nayarit o Durango que le dieron origen, en cada festival que espectaculariza rituales sagrados de los Na’ayeri para el consumo del turismo masivo.  

No olvidemos el caso de la mascota 'Huichi' de los Juegos Panamericanos de 2011: una caricatura de Tamatsi Kauyumari (nuestro hermano mayor sin identidad), creada y expuesta sin consultar a las comunidades wixaritaari que fueron ignoradas. El Estado mexicano violó entonces los mismos principios que hoy la SCJN reivindica. En tiempos más recientes vemos decisiones gubernamentales sin esa consulta y consentimiento, tales son los casos de la construcción de la ciudad de las artes indígenas de Nayarit, o la declaratoria de la Ruta a Wirikuta como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, o la instalación de una escultura de una familia Na'ayeri en una de las vías más transitadas de Tepic.  Tales proyectos dicen ser de beneficio pero la pregunta es ¿para quién realmente lo es? si no son decisiones que emanen de los pueblos dueños de esas culturas y mientras tanto, las necesidades más elementales como servicios de salud, movilidad y oportunidades educativas siguen siendo grandes deudas, a la vez que los lugares sagrados son amenazados por las industrias extractivas y agroindustriales.

Lo que este fallo establece como derecho exigible para los pueblos originarios de México

La resolución de la SCJN no es solo una victoria maya. Es jurisprudencia viva que aplica a todos los pueblos originarios de México, incluyendo los cuatro que habitan el Gran Nayar. El principio central —que el patrimonio cultural colectivo no puede ser cedido por un representante sin consulta previa, libre e informada a la totalidad de las comunidades— aplica con idéntica fuerza a los demás pueblos originarios de México.

La pregunta que debemos hacernos hoy sobre la protección del patrimonio cultural originario

¿Cuántas empresas turísticas de Puerto Vallarta, de la Riviera Nayarit, de Mazatlán o de San Luis Potosí usan hoy los símbolos del pueblo Wixárika—el nierika, el venado, el Tsi+ri (mal llamado ojo de dios)— en sus logos, en sus decoraciones y en sus campañas de marketing, sin haber consultado jamás a una sola comunidad de la sierra de Jalisco, Nayarit o Durango? ¿Cuántos hoteles de cinco estrellas adornan sus lobbies con arte ceremonial Wixárika adquirido en condiciones que no garantizan ningún beneficio real para las comunidades creadoras?

¿Cuántos proyectos de desarrollo en el corredor turístico de la costa nayarita, de la costa jaliciense o de Durango han prometido 'rescatar' o 'difundir' la cultura Wixárika o Na’ayeri sin preguntar a estos pueblos si quieren ser difundidos, y cómo, y con qué propósito, y bajo qué condiciones? ¿Cuántas veces se ha extraído valor cultural de estos pueblos sin que las comunidades reciban nada a cambio?

Dese hace muchos años Nayarit se ha vestido de los colores de los pueblos originarios que lo habitan. Es evidente la importancia que han cobrado las culturas ancestrales para la promoción turística y el boom de la comercialización del arte Wixárika, por ejemplo. En múltiples ocasiones hemos escuchado de nuestros pueblos la impotencia y la injusticia que se siente cada vez que las personas ajenas a nuestros pueblos se visten con nuestras indumentarias y nuestros símbolos, como si de un disfraz se tratara, sin guardar el respeto que estos merecen, cuando los "diseñadores" o "artistas" ajenos a los pueblos se adjudican la autoría de múltiples piezas que han sido creadas con el tiempo por nuestros ancestros y ancestras, de múltiples galerías de inversión pública o privada que se aplauden por "apoyar a los pueblos", mientras la mayoría de artistas tienen que competir con ellos en condiciones muy desiguales.

La inconformidad de algunos

Esta resolución también ha causado inconformidad y alerta por parte de algunas personas y medios de comunicación que manifiestan preocupación por las posibles consecuencias negativas que representará en la actividad turística en particular y la economía mexicana en general. Para este Consejo esa es una señal muy buena, pues significa que reconocen que utilizan las culturas ancestrales como insumo de identidad y marketing de sus empresas, que las culturas ancestrales generan un valor económico grande, el cual debería ser cuantificable para determinar a cuánto asciende la extracción cultural indebida.  Imaginemos que de pronto se borrara todo rastro de los pueblos originarios en México… seguramente no sería lo que es hoy y habría un blanqueamiento de la identidad mexicana. Estamos convencidos de que este es el camino correcto, porque nuestra convicción es que los pueblos deben y pueden administrar su patrimonio y deberían ser los únicos autorizados para compartir su cultura en la forma, tiempo y lugar que se decida hacerlo colectivamente. 

La tarea que nos deja este momento histórico

El fallo contra Xcaret abre una ventana de oportunidad que no podemos desperdiciar. La conversación sobre el extractivismo cultural está en la agenda nacional como nunca antes. Es el momento de actuar con la energía y la articulación que esta coyuntura merece, y esa acción debe ser a la escala que corresponde al territorio que habitan nuestros pueblos.

La gran orientación que nos da esta resolución y sobre la que estamos caminando, es fortalecer la organización regional comunitaria para dar legitimidad a la representación ante las instituciones del Estado y los reclamos y denuncias que se presenten. Son las autoridades  del gobierno tradicional, como máxima institución propia ancestral, quienes tienen la voz de sus pueblos y también tienen el derecho de decidir los mecanismos o sistemas de representación que utilizarán en esta lucha.

Los gobiernos estatales de Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas deben implementar mecanismos coordinados de revisión y sanción del uso comercial no autorizado de las culturas Wixárika, Na’ayeri, O’dam y Meshikan. Exigimos que cualquier proyecto turístico o de desarrollo que involucre elementos de estas culturas ancestrales sea sometido, sin excepción, al proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades involucradas en todos los estados donde tienen presencia.

Llamamos a las comunidades a documentar, denunciar y unirse a la lucha que hemos emprendido en torno a nuestros derechos culturales, que hoy tienen un respaldo jurídico más sólido. El fallo de la SCJN no distingue entre estados. El derecho a proteger el patrimonio cultural es el mismo en todo el territorio mexicano.

Y llamamos a la sociedad en su conjunto a cambiar la mirada: apreciar las culturas de los pueblos originarios no es comprar una artesanía al intermediario en un aeropuerto o lugar turístico. Es escuchar directamente a los portadores de esa cultura, visitarlos en sus términos, consumir lo que ellos ofrecen con su propio consentimiento y bajo sus propias reglas, en sus propios territorios, que es una sola nación antigua.

Como Consejo del Patrimonio Cultural Originario, con estas condiciones y perspectivas hemos emprendido nuestra lucha, nuestro derecho a alzar la voz y señalar las prácticas que están afectando a nuestro patrimonio cultural y que ponen en riesgo la existencia misma de nuestros pueblos.